Desde su puesta en marcha, el OCP ha detectado más de 9.000 operaciones sospechosas y ha remitido información sobre más de 300.000 personas
(Fuente: cincodias.elpais.com)
La lucha contra el blanqueo de capitales surgió a finales de los años 80 para prevenir el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Poco a poco esta política se ha ido ampliando para reaccionar también contra la ocultación del dinero derivado de operaciones financieras ilícitas o destinadas a la financiación del terrorismo. Por ello, distintos colectivos, como bancos, inmobiliarias, casinos, abogados y notarios, están obligados a comunicar a las autoridades cualquier actuación sospechosa que detecten. En este marco nació el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo (OCP) de los notarios, que se ha convertido en un modelo a seguir en todo el mundo.
La conocida operación Ballena Blanca, a través de la cual se desarticuló, en marzo de 2005, una red que habría blanqueado en la Costa del Sol más de 250 millones de euros, supuso un punto de inflexión. Entre el medio centenar de detenidos estaban tres notarios, que finalmente fueron absueltos. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los fedatarios públicos, pero motivó al Consejo General de los Notarios españoles a hablar con el Ministerio de Economía y de Justicia para crear el OCP.
Una orden ministerial de Economía, del 24 de septiembre de ese año, inició la puesta en marcha de este sistema que permitiría entablar una colaboración directa con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), así como con las autoridades policiales, fiscales y judiciales, para la prevención del lavado de dinero.
Desde que comenzó a funcionar, el 1 de enero de 2006, hasta el 30 de junio de 2023, el órgano ha comunicado 9.169 operaciones sospechosas y ha contestado a requerimientos de información sobre más de 300.000 personas, según los datos facilitados a CincoDías. De este modo, los notarios han contribuido a desmantelar grandes tramas de corrupción; pero también han ayudado a averiguar aquellos activos en España de oligarcas rusos que están bloqueados por la Unión Europea tras la invasión de Ucrania.
Ejemplo a seguir
El sistema español de prevención ya fue aplaudida en diciembre de 2014 por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero (GAFI), en cuyo informe indicó que “las medidas de España para manejar y posibilitar el acceso a la información sobre titulares reales son un ejemplo de buenas prácticas para otros países”.
Además, su eficacia es observada con atención en distintos puntos del planeta. “No había nada antes en el mundo. Hace tres o cuatro años, ayudamos a Perú a hacer un sistema como el nuestro; Costa Rica y Brasil también están interesados. Nos han preguntado notarios franceses e italianos y parlamentarios de Francia, Portugal, Malta y Bélgica. También hemos ayudado a Japón a hacer una legislación sobre esta materia”, aseguró a este diario el jefe de la Unidad de Análisis y Comunicación del OCP, Mariano Fresno.
El órgano de prevención tiene la capacidad de cruzar los millones de documentos notariales que se encuentran grabados en el Índice Único Informatizado de los notarios y en la base de datos de Titularidad Real –único en el mundo, que permite saber quiénes están detrás de una sociedad o entramados– para detectar patrones y operaciones que desprenden indicios de delito de blanqueo. Además, puede dispensar la información requerida por las autoridades en unos “tres minutos”, recalcó el responsable de OCP
Un hecho a resaltar si se tiene en cuenta que “la particularidad del blanqueo es que normalmente no se intenta hacer en una sola notaría, ni en una sola operación. De manera individual, tres operaciones pueden que no parezcan un riesgo, pero de manera conjunta, sí”, concluyó Fresno.
Datos útiles
Indicadores. El OCP elaboró un listado con 28 indicadores de riesgo que pueden consultar los más de 2.800 notarios de España para comprobar si están ante una posible operación de blanqueo de capitales y deben poner en alerta al órgano de prevención. Los fedatarios cuentan también con un listado de Personas Políticamente Expuestas, como son políticos o responsables públicos.
Macrobase de datos. Los notarios tienen la obligación de grabar todas las escrituras y actas públicas que firmen en el Índice Único Informatizado, una macrobase de datos que, desde el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2022, acumula más de 151 millones de documentos, 198 millones de actos jurídicos y 633 millones de intervenciones, en relación a más 41,5 millones de personas físicas y a más de 3,8 millones de personas jurídicas (empresa, fundación, partido político, sindicato, etc.), según pudo saber CincoDías.
